Esta impresión aparece ratificada por diversas otras actuaciones, como es el caso de que el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León entregara en su día a los representantes del Foro para el Impulso de la Red Ferroviaria en el cuadrante Noroeste de la Península un estudio informativo donde aparecía como prioridad funcional la línea Medina del Campo- Zamora – Ourense; y en la misma dirección el proyecto barajado por la Subdirección de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias, desvelado a mediados de febrero por la prensa gallega, donde se establece como única vía de acceso a Galicia la de Ourense-Vigo y ramales a Santiago, A Coruña y Pontevedra, de manera que las elevadísimas inversiones exigibles impedirían de facto la segunda vía de penetración por Monforte a corto y medio plazo.

A pesar de que la coincidencia de estas noticias con la campaña electoral en curso ha propiciado diversas declaraciones voluntariosas de los candidatos provinciales por las formaciones políticas concurrentes dando por hecha y garantizada la línea de paso por El Bierzo, toda una sucesión de declaraciones públicas de cargos con responsabilidades de gobierno desmienten con contumacia estas apreciaciones, ya en el sentido del Ministerio de Fomento de que nada hay decidido al respecto (Y, mucho más curioso, que se decidiría “en función del respaldo social que tuviera la medida escogida”), ya en el sentido contundente del Presidente de la Xunta de Galicia, inclinándose sin ambages por la “variante sur”, al resultar mucho menos costosa y abreviar la comunicación de Galicia con Madrid.

Independientemente de que estas consideraciones son vulnerables y, en todo caso, discutibles (La superestructura de la vía, la electrificación, la señalización y el control de tráfico tienen el mismo coste por kilómetro en ambas soluciones y, respecto a los tiempos del recorrido, la desventaja gallega del destino Madrid se compensa sobradamente con los destinos a la Cornisa Cantábrica y Francia), es claro que la alternativa Norte forma parte del Eje Ferroviario Transeuropeo Atlántico que están demandando las Comunidades Autónomas y Cajas de Ahorro del Norte de Portugal, N.O. de España y S.O. de Francia, mientras que la alternativa sur nos dejaría aislados de Asturias y en desventaja con relación a Cantabria, el País Vasco, La Rioja, Navarra y Francia, representando, además, aquella alternativa del equilibrio ferroviario de Galicia por ser el tradicional nudo de Monforte equidistante de los puertos y núcleos de población, y de las dos capitales interiores, Lugo y Ourense, de donde se desprende inequívocamente la ventaja de la solución que preconizamos desde el punto de vista de los intereses nacionales y generales.

En concreto, para El Bierzo, sacudido ya por el declive minero y la privatización de Endesa, perder esta oportunidad histórica le sumiría en el más absoluto aislamiento, alejándose del nudo de comunicaciones que van a conformar la España y la Europa del siglo XXI y abocando a sus sectores productivos a la pérdida de competitividad por falta de infraestructuras adecuadas en una crisis de imposible superación, precisamente cuando el tren, como servicio público que es, tiene que dar ante todo respuesta a las demandas sociales y empresariales y discurrir por las zonas más densamente pobladas y de mayor potencialidad económica, como lo prueba el que, en cuanto al tráfico actual, el número promedio de circulaciones entre León y Monforte es de 29 y el de Medina a Ourense, de 11.

Para aunar las voluntades y los esfuerzos de todas las formaciones políticas y de los agentes sociales en una reivindicación que condiciona nuestro futuro, se ha constituido una Plataforma Pro Tren de Altas Prestaciones que, después de superar las tensiones del momento electoral que vivimos, ha dispuesto, como primera medida de atención para el gobierno que salga en estas elecciones, la celebración de una manifestación en Ponferrada y el establecimiento de una comisión permanente, representativa de todos los colectivos sociales y políticos que deseen integrarse, para el seguimiento con carácter indefinido de las decisiones políticas que nos afecten y, en su consecuencia, la adopción de medidas que en cada caso proceda.”  (...).